Las siguientes líneas formaron parte de un artículo que hace cinco años escribí, con motivo de la segunda vuelta electoral.   

Creo oportuno reiterar los párrafos que se refieren al fujimorismo y exhortar a todos a que afirmemos la democracia votando este 5 de Junio por PPK; con la convicción como demócrata y en mi caso particular como aprista, que nuestros perseguidores no deben retornar al poder.

"A lo largo de la década de los noventa Alberto Fujimori promovió un gobierno que institucionalizó la corrupción, quebró el orden constitucional, controló y compró los medios de comunicación e hizo de la manipulación y el fraude electoral una constante.

La Constitución de 1993 aprobada en un Referéndum cuestionado, abrió la posibilidad de la reelección inmediata y el cese de los Magistrados del Tribunal Constitucional en 1997 puso al descubierto los propósitos autoritarios de un régimen que no tuvo temor en facilitar una tercera elección de Alberto Fujimori.

Al concluir la década de los noventa, el Perú era un país con una economía n, con niveles de pobreza que no se habían reducido, desacreditado en el concierto internacional y polarizado políticamente por exclusiva responsabilidad de quienes so pretexto de estabilizar la economía y derrotar a la subversión sentaron las bases de un gobierno que debilitó a nuestras Fuerzas Armadas y que dilapidó los ingresos obtenidos por la privatización de las Empresas del Estado.

Hoy Keiko Fujimori es la continuidad política de su padre y afirma los méritos de estadista de una persona que deshonró al país al renunciar a la Jefatura de Estado encontrándose en el exterior y a través de un fax. El continuismo está garantizado, no existe autocrítica alguna y los mismos protagonistas políticos del pasado son parte de un proyecto que pretende restablecer en el poder a quienes demostraron con creces poco respeto por la democracia y las libertades.

El gobierno de Fujimori no puede exhibir logros y resultados en el campo de las políticas sociales, en materia de descentralización y crecimiento regional. Centralizó el poder y los recursos fiscales, representó un retroceso abierto en el proceso de regionalización; los fondos públicos fueron utilizados con fines proselitistas y llegó a controlar los organismos electorales para hacer del fraude electoral una garantía para perpetuarse en el poder.

El fujimorismo no se ha renovado y pretende la confianza ciudadana promoviendo el olvido de sus crímenes y homicidios calificados. Parte importante de sus cuadros han sido sentenciados por Tribunales Independientes por la comisión de delitos comunes. La democracia peruana ha respetado los derechos de los denunciados y jamás se ha incurrido en persecución política alguna.

Alberto Fujimori ha sido sentenciado a una pena privativa de libertad luego de un largo proceso de extradición y de un juicio con garantías para su defensa. No es un perseguido político y por lo tanto debe cumplir la condena impuesta por el Poder Judicial.

Los pueblos tienen derecho al futuro y a fortalecer sus instituciones en un contexto de democracia y libertad; el fujimorismo de ayer y hoy no garantiza ni democracia, ni bienestar. No olvidemos que la mayoría de los peruanos que hoy residen en el exterior, dejaron nuestro país en la década de los noventa alentados por la falta de oportunidades, los despidos arbitrarios y los ceses colectivos.

Como demócratas, a Fuerza 2011 hay que confrontarla políticamente explicando a los electores lo que fue su gobierno y lo que significó para una generación que fue marcada por la dictadura y obligada a movilizarse en todo el país, para levantar las banderas de la democracia y la dignidad”.